El Artículo 123 del Código Penal determina que las costas procesales se entienden impuestas por la ley a los criminalmente responsables de todo delito, señalando el 124 que comprenderán los derechos e indemnizaciones ocasionados en las actuaciones judiciales e incluirán siempre los honorarios de la Acusación Particular en los delitos sólo perseguibles a instancia de parte (más adelante veremos cuáles son).

A diferencia del procedimiento civil, en el penal la imposición de costas a una de las partes (para el caso el declarado criminalmente responsable) es la norma, no sucediendo lo mismo respecto de otras, Acusación Particular, Acusación Popular, Actor civil y Ministerio Fiscal.

Del redactado del Artículo 123 del Código Penal se desprende, y así se demuestra en la práctica forense, que la imposición de costas debe ir precedida de una declaración de culpabilidad, esto es de una sentencia condenatoria (“criminalmente responsables”), aunque con frecuencia se plantea la duda de si, recaído un Auto de sobreseimiento provisional (crisis del procedimiento) o libre (que equivale a cosa juzgada), se pueden imponer las costas, ya sea al querellante, ya sea al querellado. 

Respecto del investigado, los Artículos 239 y 240.2º de la L.e.crim. contemplan dicha posibilidad, pero tal imposición es harto infrecuente, por no decir insólita, seguramente porque prima el derecho de defensa y los Juzgados y Tribunales pretenden no coartarlo con la condena en costas antes de que sean declarados criminalmente responsables.

En todo caso, no deja lugar a dudas el Artículo 123 del Código Penal, y en caso de sentencia firme la condena en costas debe imponerse siempre al criminalmente responsable. Por el contrario, nunca se impondrán las cosas a quien ha resultado absuelto (Artículo 240.2º inciso segundo de la L.e.crim.).

Respecto de quienes ocupan la posición de Acusadores Particulares, Acusación Particular o Actor civil, tal posibilidad está prevista en el Artículo 239 de la L.e.crim., que posibilita dicha imposición de costas al querellante particular o actor civil, en consonancia con el Artículo 240.3º, debiendo resolverse en sentencia o en el auto que ponga fin al procedimiento.

Empezando por esta última situación (Auto de sobreseimiento, libre o provisional), es también muy infrecuente un pronunciamiento condenatorio en costas respecto del querellante o actor civil, incluso si concurre temeridad al entablar la acción, o durante la fase de investigación (cuestión distinta, como veremos, lo es en sentencia firme y si concurre tal temeridad); proponiéndose desde aquí que se aplique con más frecuencia la previsión de los Artículos 239 y 240.3º de la L.e.crim. al querellante, o actor civil, que haya actuado con tal temeridad, y ello aun cuando el procedimiento termine de forma prematura, es decir por Auto, pues en no pocas ocasiones se abusa del procedimiento penal, mediante la interposición de querellas torticeras, que rayan lo mendaz, que son instrumentales o que ocultan información, e incluso documentación, no debiendo soportar la parte sobreseída los costes de su Defensa. 

Desde luego, cabría plantearse muy seriamente la posibilidad de imposición de costas si el sobreseimiento de la instrucción es libre, porque equivale a cosa juzgada, resultando que en la práctica habitual la tendencia de los Jueces de Instrucción lo es a acordar el sobreseimiento con carácter meramente provisional, bien porque no existen indicios de haberse perpetrado el hecho que dio motivo a la formación de la causa, bien porque el hecho no es constitutivo de delito, o bien porque aparecen exentos de responsabilidad criminal los procesados, como autores, cómplices o encubridores (Artículo 637.1º, 2º y 3º de la L.e.crim.).

Ante la ausencia de imposición de costas a las Acusaciones, si el procedimiento culmina con un auto de sobreseimiento, libre o provisional, o si el investigado o querellado entiende que ha sufrido un daño, puede también reclamar una indemnización por la vía civil (culpa extracontractual) que bien podría comprender dichas costas, si bien es muy infrecuente que tal tipo de reclamación se produzca (en la práctica, quien resulta sobreseído en una investigación penal, pretende olvidar dicho mal trago y pasar página lo antes posible). De entablarse tal reclamación, se podría vehicular a través del Artículo 1902 del Código Civil, que dispone: “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”.

La misma acción cabría si la sentencia termina sin condena en costas.

Cuestión distinta, y que excede del presente artículo, es que se pueda accionar por la vía penal por un delito contra la administración de justicia, de acusación y denuncia falsas (Artículo 456 del Código Penal), lo que siempre exige que la causa penal a la que ha dado lugar dicha mendaz imputación haya sido objeto de sobreseimiento o archivo, por Auto, o sentencia firme (punto 2 del citado precepto). 

Tal denuncia por un delito contra la administración de justicia, sí que podría comprender, en la reclamación en concepto de responsabilidad civil, los gastos de defensa que se le hayan generado al investigado en el procedimiento que derivó de una imputación falsa, de manera que podríamos decir que en este supuesto estaríamos reclamando, no sólo por denuncia falsa, sino también, de algún modo, los gastos que nos ocasionó aquel procedimiento (serían una suerte de “costas impropias” porque se comprenderían dentro de la responsabilidad civil). A lo que habría que añadir, de prosperar la imputación por denuncia falsa, las posibles costas de la Acusación Particular, si la persona que fue objeto de tal denuncia decide ejercer como tal en la causa contra la administración de justicia.

Respecto de la imposición de costas para quienes ocupan un role acusador en el procedimiento penal (Acusación Particular, Acción Popular, Actor Civil – dejamos al Ministerio Fiscal para más adelante -), el criterio de imposición se basa en la concurrencia de temeridad o no en su actuación.

Así, podemos citar a modo de ejemplo la STS, Sala 2ª, Sección 1ª, de 30/5/2007, nº 464/2007, que señala:

“Es criterio reiterado y pacífico de esta Sala que el art. 240 L.E.Cr. (EDL 1882/1) admite en materia de costas procesales su imposición a la querellante particular y actor civil siempre y cuando resultare de las actuaciones que han obrado con temeridad o mala fe, es decir, no existe un principio objetivo que determine la imposición de costas a dichas partes sino que la regla general será la no imposición , aun cuando la sentencia haya sido absolutoria y contraria a sus pretensiones, excepto si está justificada una conducta procesal temeraria o de mala fe a juicio del Tribunal que deberá motivar suficientemente”

Por desgracia, la jurisprudencia no nos da un criterio claro de lo que ha de entenderse por acusación temeraria, dejándolo a la casuística y al criterio del Juzgador. Así, señala dicha resolución:

En realidad, a falta de una definición legal y jurisprudencial de lo que debe entenderse por actuación temeraria o de mala fe en el proceso, que en la práctica son conceptos equivalentes, habrá de estarse a lo que resulte en cada caso concreto de la propia consistencia o sustento de la pretensión formulada por la acusación, su incidencia perturbadora o no o lo largo de aquél y, sustancialmente, su confrontación con las tesis mantenidas por el Ministerio Fiscal, criterio este último que funcionalmente tiende a sobreponerse como definitivo.

La temeridad no tiene que manifestarse necesariamente al inicio del proceso sino que puede surgir con posterioridad a la vista del devenir de las diligencias y de la propia intervención del Ministerio Público que, insistimos, resulta decisiva al respecto, lo que puede determinar que el alcance objetivo de la condena pueda referirse a distintos tramos procesales o momentos a partir del cual el mantenimiento de la acusación particular resulte temeraria (STS de 30 de abril de 2003). No menos ilustrativa es la STS de 10 de junio de 1998 cuando establecía que “la imposición de costas puede ser una forma de corregir actuaciones infundadas, caprichosas, e incluso fraudulentas de la acusación, debiendo entenderse que son temerarias o maliciosas cuando la pretensión que se ejercite carezca de toda consistencia y fundamento de tal modo que quien así actúe no haya podido dejar de conocer su sinrazón e injusticia (STS de 25 de marzo de 1993 y 15 de enero EDJ 1997/627 , 13 EDJ 1997/213 y 18 de febrero EDJ 1997/1523 y 10 de diciembre de 1997 EDJ 1997/10515 ) (STS de 23 de junio de 2006)”

Como puede observarse, apartarse de las tesis del Ministerio Fiscal sitúa la Acusador Particular, o Actor civil, en una situación de riesgo. Es decir, si éstos se adhieren a las tesis de la Fiscalía, con toda probabilidad no habrá imposición de costas, al no considerarse temeraria o infundada la acusación. Permítasenos decir que el Ministerio Fiscal también está sujeto a equivocación, o a temeridad, o a formular acusaciones infundadas o poco rigurosas, no acabando de entenderse que se utilice como filtro, como si fuera infalible, su criterio.

Para el caso de que el Acusador Particular pretenda mantener una acusación apartándose del criterio de la Fiscalía, es muy recomendable que, de mediar una petición de responsabilidad civil elevada, se reserve las acciones civiles para su ejercicio en el correspondiente procedimiento civil, dado que las costas procesales (honorarios de Abogado y Procurador) se calculan también atendiendo a la cuantía reclamada. De manera que, si la pretensión penal es aceptada, pasando por encima del criterio en sentido absolutorio del Ministerio Fiscal, siempre se podrá acudir a la jurisdicción civil con un sólido fundamento, sentencia condenatoria, y ejercitando las acciones civiles previamente reservadas.

En todo caso, el Artículo 124 del Código Penal impone las costas “siempre” de la acusación particular en los delitos solo perseguibles a instancia de parte (calumnias, injurias, revelación de secretos, delitos societarios, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, l ). 

En los delitos perseguibles de oficio, como veremos, debe mediar siempre expresa petición de condena al pago de las costas de la Acusación Particular, siendo criterio habitual ponderar, para la condena, si la Acusación Particular tuvo un papel relevante en el impulso del procedimiento penal, una participación destacada.

Por lo que se refiere al Ministerio Fiscal, está exceptuado del pago de costas, existiendo varios preceptos al respecto: Artículo 901 de la L.e.crim., para el recurso de casación, y más clara y taxativamente se establece en el Artículo 394 de la L.e.civ., que es de aplicación supletoria en el procedimiento penal (Artículo 4 de la L.e.civ.), y que en su punto 4 dispone “En ningún caso se impondrán las costas al Ministerio Fiscal en los procesos en que intervenga como parte”

En cuanto al contenido de las costas, ex Artículo 124 del Código Penal incluyen “los derechos e indemnizaciones ocasionados en las actuaciones judiciales”, por tanto honorarios de Letrado y Procurador, pero también los del perito. También otros gastos (dietas, desplazamientos, todos los que tengan cabida dentro del concepto “indemnizaciones”).

Una última cuestión nos queda por tratar, es como se vehicula la pretensión de imposición de costas por parte del acusado a la Acusación Particular, y cuál es el último momento procesal para pedir dicha imposición.

Como nos recuerda la de la Audiencia Provincial de Barcelona, nº 538/2005, de 18 de mayo de 2005, y como ya hemos adelantado, debe mediar expresa petición de imposición de costas procesales a la Acusación Particular en los delitos que son perseguibles de oficio, resultando que tal petición no es imperativa cuando el delito solo puede perseguirse a instancia de parte. 

El Tribunal Supremo se pronuncia en los siguientes términos:

No sería preciso interesar la condena en costas para que el Tribunal las concediera, en supuestos del condenado (costas causadas en juicio) por que las impone la ley (art.123 CP ), ni tampoco los de la acusación particular en los delitos solo perseguibles a instancia de parte, por igual razón (art.124 CP). Sin embargo, sí debería imperativamente mediar previa petición cuando se trate de incluir dentro de las costas del acusado o acusados las de la acusación particular en los demás delitos

Tal petición debe deducirse en el momento procesal oportuno, y así la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, anteriormente citada, señala que “el Alto Tribunal dejó expresa constancia de que la petición de que se impusieran las costas a la acusación particular por su temeridad o mala fe debe deducirse en la calificación provisional o en último término en las conclusiones definitivas, no siendo factible hacerlo “ex novo” en el trámite de informe al no existir entonces posibilidad de réplica por la parte frente a la que se deduce la pretensión condenatoria

De manera que, la solicitud de imposición de costas a la Acusación Particular, debe efectuarse, como muy tarde, al elevar las conclusiones a definitivas, para permitir la réplica a dicha parte, no bastando con hacerlo durante el informe.

Por otro lado, la condena en costas, como no puede ser de otro modo, deber ser objeto de un adecuado razonamiento, so pena de causar indefensión y de vulnerar el derecho a una resolución fundada en Derecho (Artículo 24 de la C.E.) Así, la jurisprudencia establece que “la condena en costas a una acusación requiere razonar , aunque sea de forma sucinta o incluso, en algunos casos en que aparezca con obviedad, implícita, por qué se considera que en la actuación de la acusación se detecta, bien mala fe, bien temeridad ” (STS, Sala Segunda, de fecha 11/12/14 ).

Según dicha Sentencia: 

No puede sino darse la razón al recurrente cuando se queja de la falta de motivación de la sentencia sobre el particular de la condena en costas: los invocados arts. 116 y 123 CP solo guardan una lejana relación con el punto abordado pero no proporcionan criterio alguno: estamos hablando de la condena en costas no al responsable penal, sino a una parte activa. El art. 240 LECrim (EDL 1882/1) sirve para justificar sin necesidad de aditamento argumental alguno que no puedan imponerse las costas al acusado absuelto. Eso es una obviedad. Además y en otro orden de cosas, posibilita, pero no de forma imperativa, la condena al pago de las costas a las partes activas puntualizando que sólo se procederá de esa forma cuando resultare de las actuaciones que han obrado con temeridad o mala fe.

No basta la cita del precepto que autoriza la decisión cuando ésta no se deriva inequívocamente del mismo. La mención del art. 123 CP (EDL 1995/16398) es suficiente para hacer cargar con las costas al condenado penalmente; y la del art. 240 LECrim (EDL 1882/1) para excluir del pago de costas al acusado absuelto. Pero la condena en costas a una acusación requiere razonar, aunque sea de forma sucinta o incluso, en algunos casos en que aparezca con obviedad, implícita, por qué se considera que en la actuación de la acusación se detecta bien mala fe bien temeridad.”

Añade dicha Sentencia:  “Que el Ministerio Fiscal no haya formulado acusación en posición procesal plenamente congruente con sus funciones constitucionales, no convierte automáticamente en temerarias otras acusaciones, particulares o populares, (…) Asiste la razón a la recurrente al denunciar falta de motivación

A lo anterior hay que añadir que según la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 11 febrero de 2011, la interpretación de la imposición de costas debe ser restrictiva.